Tegucigalpa: Los nacionalistas aprobaron este martes las reformas al Código Penal, propuestas por el presidente Juan Orlando Hernández según el mandatario para luchar contra el terrorismo y la extorsión.
Pese a la oposición que la conforman el Partido Libre y Refundación, Partido Anticorrupción (PAC) y ( Pinu) y la decisión del Partido Liberal de mantenerse al margen de la situación al no estar en contra ni a favor.
Eso no impidió que entre silbidos, gritos y puñetazos se llevara a cabo la aprobación e inmediatamente se diera la orden de publicar en el Diario oficial La Gaceta para su puesta en práctica.
Fueron más de 10 los artículos que fueron reformados, pero el que tiene en discordia a los diferentes partidos políticos es el 335 que con las reforma sostiene que “se toma como terrorismo cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves incendios u otros estragos contra un ciudadano civil o su propiedad o contra cualquier otra persona que no participe directamente en hostilidades en una situación de conflicto armado cuando el propósito de dicho acto o evento por su naturaleza o contexto sea el de intimidar o causar estado de terror en la población o de obligar a un Gobierno o una Organización Internacional a realizar o abstenerse a realizar cualquier acto”.
La oposición asegura que según versados en derecho esta innovación puede incluir las protestas como delito de terrorismo en base a su redaccion y según el documento reformado la persona que incumba en este tipo de delitos podría recibir una pena de 40 a 50 años de prisión o sanciones pecuniarias de 50 a 5 mil salarios mínimos.
De igual manera el art 222 fue reformado y ahora se considera como extorsión cualquier llamada escrito o amenaza directa a una persona para que pague a cualquier grupo antisocial, la pena por esas acciones seria de 20 a 30 años de cárcel.
Otros de los artículos hablan sobre los reos de alta peligrosidad, reducción de hacinamiento e intervención de las comunicaciones en las cárceles del país para reducir la criminalidad existente.
De nuevo la oposición sostiene que de nada sirve esas nuevas consideraciones si las mismas no se cumplen y más bien lo toman como una forma de hacer proselitismo por parte del mandatario que tiene aspiraciones de reelección.